La Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur (ACPES) ha presentado recurso por las respuestas incompletas y evasivas dadas por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
En marzo de 2026, ACPES dirigió al MITERD varias preguntas por su supuesta participación en la construcción de los diques del Río Castor, en Sierra Bermeja (en el municipio de Estepona), recibiendo contestación el pasado mes de abril, en el que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación reconoce su colaboración con la Junta de Andalucía en el proyecto de restauración de Sierra Bermeja tras los incendios de 2021-22, aunque asegura que no se ejecutaron obras fuera del proyecto y, por lo tanto, tampoco se invadieron fincas privadas ni se incumplió la legislación medioambiental vigente, y que tan sólo se realizaron obras en la cabecera de la cuenca del Río Castor, en nudos de barrancos superiores y en tramos de cauces de aguas discontinuas.
Por lo tanto, no se aclara si el MITERD ha participado únicamente en el proyecto aprobado, por lo que presuntamente se habrían desviado fondos públicos para construir los diques del Río Castor, o si el propio MITERD está negando la realidad de lo que ha ocurrido. Esta respuesta evasiva de la Dirección General con respecto a los diques del Río Castor sorprende, cuando menos, ya que el propio MITERD está impulsando el Reglamento de Restauración de la Naturaleza que condena la construcción de barreras transversales en ríos, alentando a su eliminación.
La Junta de Andalucía asegura que dichas obras han sido financiadas por el MITERD en el marco del proyecto “Obras de emergencia para la mitigación del riesgo hidrológico forestal de los terrenos públicos afectados por el incendio forestal de Sierra Bermeja I”. Sin embargo, las presas construidas en el Río Castor no aparecen descritas en dicho proyecto y se encuentran en una zona de exclusión para actuaciones del MITERD. Además, parte de estas obras se han realizado dentro de una finca privada, Los Altabacales, que eran zonas doblemente excluidas, tanto para el MITERD como para la Junta de Andalucía, ya que las actuaciones se realizarían únicamente en montes públicos.
En 2024 se descubrió la construcción de más de 20 diques en 585 metros de trazado fluvial en el cauce del Río Castor y varios afluentes, alterando drásticamente la morfología fluvial, eliminando la vegetación de ribera (que son hábitats protegidos), eliminando ejemplares de especies protegidas (Oxygastra curtisii, Gomphus graslini, Leuctra bidula y Galium viridiflorum), fragmentando la población de peces y dentro de un espacio protegido (Zona de Especial Conservación Sierras Bermeja y Real). Al contrario, la Junta de Andalucía rechaza que se haya producido impacto ambiental, aunque reconoce la presencia de Galium viridiflorum, llegando a afirmar incluso que ni esta especie ni Oxygastra curtisii estén protegidas, cuando la legislación es bien clara con respecto a ellas. Estas obras se ejecutaron en 2022 sin ninguna clase de exposición pública y sin realizar ninguna clase de evaluación ambiental previa, y tan sólo se conocieron por su difusión en redes sociales. Tras conocerse estas obras, la asociación ACPES elaboró un vídeo para denunciar esta actuación y los daños ocasionados:
El Río Castor es un pequeño río de Sierra Bermeja que desemboca directamente en el mar, por lo que es una cuenca independiente y representa una auténtica isla ecológica. Al contrario de lo afirmado por los técnicos de la Junta de Andalucía, presenta aguas permanentes que discurren por un espacio con escasa presencia humana, por lo que carecía de presiones e impactos hasta la construcción de los diques, y es refugio para una biodiversidad muy singular, integrada por especies endémicas, amenazadas y protegidas. A pesar de sus valores naturales, se encuentra en una zona excluida del Parque Nacional de Sierra de las Nieves, porque este Parque Nacional tomó de Sierra Bermeja la superficie mínima para su declaración, confirmando que había un mayor interés político que técnico o científico.
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