Pobreza, violencia económica y militarismo

Recientemente, con el apoyo de la organización internacional ATD Cuarto Mundo (uno de los agentes autorizados por el Comité Europeo de Derechos Sociales -en adelante CEDS-), órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea -en adelante CSE) se ha presentado por la Oficina Jurídica por los Derechos Sociales (organización informal constituida por personas a título particular y por organizaciones sociales de lucha contra la pobreza como Marea Básica, la plataforma RMI tu derecho, ATD Cuarto Mundo, el Observatorio de la Exclusión Social, el Foro ServSocial Madrid y otros) una reclamación colectiva ante el CEDS, demandando al reino de España por el grave incumplimiento de la CSE (el principal instrumento internacional de reconocimiento de derechos sociales de aplicación en los países del Consejo de Europa) en la ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del gobierno anunciada con pompa  y boato, pero de un impacto muy negativo para la gente más empobrecida, si atendemos tanto a los informes anuales del Defensor del Pueblo, como de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de las principales redes y organizaciones de lucha contra la pobreza (EAPN España, Cáritas España entre las más destacadas) , de la doctrina jurídica especializada en esta temática o por la protesta generalizada de las organizaciones sociales y de las redes de afectados.

El texto de la demanda, que se puede enlazar pinchando aquí (https://rm.coe.int/cc241casedoc1-es/1680b05d18) se ha elaborado de forma colaborativa por un equipo integrado por activistas profesionales y personas afectadas por la agorafóbica a ley del IMV, después de un proceso de talleres dirigido a grupos sociales y a personas afectadas para recabar información, obtener pruebas suficientes, empoderar a las personas afectadas en la reclamación de sus derechos y preparar las principales líneas argumentales de la demanda, con la que se pretende inicialmente conseguir la paralización de los aspectos más lesivos de la ley hasta que se adopte por el Comité una decisión de fondo, y obligar a un cambio legal respetuoso de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea, que realmente sirva a una estrategia de lucha contra la pobreza y no como una mera medida de control y gestión de la pobreza. 

Mientras que en el gobierno del PSOE no hay dinero para cumplir con la carta social europea, a este mismo gobierno no le tiemblan las manos para seguir alimentando la guerra de Ucrania o manteniendo el comercio de armas con Israel, o para seguir invirtiendo en la carrera armamentística por OTAN.

Solo en 2023 España se gastó 48.880 millones de euros en militarismo, el mismo año en que aumentó significativamente la pobreza. Y ese mismo año los presupuestos de defensa, dejaban claro la prioridad del militarismo dentro del gobierno, con un aumento de presupuesto militar de un 26%.