Un país que confunde sus prioridades

Las imágenes que llegan desde Corrientes son dantescas: productores rurales que lo pierden todo, animales intentando escapar de las llamas mientras otros mueren calcinados y los Esteros del Iberá (el segundo humedal más importante del mundo) consumidos por el fuego.

Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), hasta el 16 de febrero los incendios habían arrasado con una superficie de 780.000 hectáreas. Pero el fuego sigue avanzando.

En el marco de esta crisis, hubo un Estado nacional y otro provincial que no supieron responder, ya sea por desidia, incapacidad técnica, falta de recursos, o una combinación de los tres. Los incendios comenzaron en noviembre y la dimensión de lo que se vive hoy es el resultado de no haber abordado el problema a tiempo ni tampoco comprender el potencial de daño del cambio climático (y, en este caso, de la fuerte sequía que atraviesa parte del país).

Los incendios forestales, un drama para la Argentina

Cuanto más se tarda en reaccionar, más improbable se vuelve que sean las fuerzas humanas las que logren controlar a las llamas. Al final, al margen de la solidaridad que están mostrando los gobernadores, ya poco queda por hacer; solo tareas de contención realizadas por bomberos exhaustos. Es que, ante la dimensión que adquirió el incendio en Corrientes, los expertos afirman que solo la lluvia podría traer algo de calma. Ayer comenzaron a caer las primeras gotas, esperemos que sean suficientes.

Los incendios forestales se han convertido en un drama para la Argentina. Según un reporte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2020 se incendiaron 1.136.534 hectáreas. Lo de aquel año fue una tragedia con una escala verdaderamente nacional: hubo focos en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos.

En 2021, ese número cayó un 70% (331.000 hectáreas). Sin embargo, en lo qaue va del año, solo el episodio de Corrientes más que duplica esa cifra (a lo que habría que sumarle también el incendio en Bariloche, también de gran magnitud).

La destrucción que provoca el cambio climático es incuestionable, y hay dudas respecto a la capacidad y los recursos de la Argentina para contener sus efectos. Esta falta de recursos se evidencia en el pedido de ayuda que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, le hizo a los EEUU para combatir las llamas. Con lo que tenemos parece no ser suficiente.

Nombres vs. experiencia

En materia medioambiental, la cara visible del gobierno de Alberto Fernández es el ministro Juan Cabandie, que más allá de los esfuerzos que pueda estar haciendo, demostró no estar a la altura de uno de los mayores desafíos que vive el mundo en el siglo XXI. De hecho, en 2019 su designación al frente de la cartera fue una sorpresa para muchos por su evidente desconocimiento sobre el tema en cuestión.

Increíblemente, para secundar a Cabandie, el presidente Fernández acaba de elegir a la politóloga Cecilia Nicolini, que hasta hace poco estaba encargada de las negociaciones por las vacunas, y ahora ocupa la secretaria de Cambio Climático. Hay funcionarios que dentro del Ministerio de Ambiente sí cuentan con una respetada reputación en la materia y una sólida formación, como el biólogo Sergio Fedorovisky, que se desempeña como Secretario de Control Ambiental. Sin embargo, las designaciones políticas de dirigentes como Cabandie o Nicolini terminan desplazando a los valores a los que valdría la pena escuchar más y promover.

Sin embargo, en definitiva la decisión de Fernández siguió la línea de su predecesor Mauricio Macri, que al crear el ministerio nombró a Sergio Bergman. Nuevamente, más allá su buena voluntad, Bergman tampoco reunía las cualidades necesarias para estar al frente de una cartera que debería incluir personal técnico y especializado. Las designaciones de funcionarios políticos con escaso o nulo conocimiento especifico acerca del tema ponen de manifiesto la poca relevancia que la política argentina le otorga a la cuestión ambiental.

En el orden de prioridades, tanto la política como la sociedad colocan a la cuestión ambiental en una posición marginal, aunque sí hay una obsesión y fuertes impugnaciones a ciertas actividades económicas que, en teoría, podrían dañar el medio ambiente.

En Chubut, el gobernador Mariano Arcioni debió dar marcha atrás con una ley que permitía la minería en los departamentos de Gastre y Telsen luego de la fuerte presión social, incluidas protestas violentas en Rawson, con ataques a la Casa de Gobierno. Algo similar ya había ocurrido en Mendoza.

A mediados del año pasado, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe la salmonicultura en su territorio. El principal productor a nivel mundial de salmón cultivado es Noruega, seguido por Chile, Reino Unido y Canadá.

Lo último es la polémica desatada por la producción de petróleo offshore a 400 km de las costas de Mar del Plata: el viernes un juez hizo lugar a la apelación presentada por el gobierno nacional y dejó sin efecto la medida cautelar que impedía avanzar con la actividad. Ahora deberá decidir la Cámara de Apelaciones. La justicia es el campo de batalla.

Todas estas actividades se realizan en países desarrollados, que incluso cuentan con estándares medioambientales mucho más rigurosos que los que existen en la Argentina. Y las tres poseen un fuerte potencial exportador, en un país famélico de dólares y que necesita diversificar su matriz comercial.

Sin embargo, la sociedad, pero también el Estado (en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial) no logran encontrar un punto medio entre los requerimientos de transparencia y compromisos medioambientales, y el desarrollo económico. 

También hay, por ejemplo, campañas constantes en contra del glifosato, cuando todos los argentinos dependemos de los dólares del agro, en especial de la soja. En estos temas lo que prevalecen son las posturas extremas, motivadas por la desinformación y prejuicios históricos e incluso políticos.

Sin embargo, frente a otras cuestiones que resultan más elementales, pero más decisivas, hay una ausencia de preocupación y de debate. En definitiva, la agenda medioambiental en la Argentina coloca el foco en las cosas equivocadas. Las demandas más sencillas no tienen espacio en la lista de prioridades de la sociedad: la adquisición de una flota numerosa y moderna de aviones hidrantes; bomberos capacitados, profesionales y dotados de los elementos necesarios; el desarrollo de un sistema inteligente que permita abordar los incendios a tiempo.

El daño ecológico sufrido en los últimos años, la enorme dimensión del territorio argentino y el riesgo que supone el cambio climático hacen que todas estas herramientas se conviertan en necesidades urgentes.

La cuestión ambiental nunca tuvo la importancia que merece tener, ni en la agenda pública, ni en la política (y cuando la tiene, las prioridades se confunden). Solo hay efectos reactivos o espasmódicos ante grandes catástrofes o episodios traumáticos como el que se vive en Corrientes.

Esperamos, al menos, que esta vez estemos aprendiendo algo. Y que siga lloviendo.